lunes, 14 de mayo de 2012

Policías se manifiestan para pedir una ley que los proteja


lunes 14 de mayo de 2012
EFE

Centenares de agentes, convocados por la Unión de Sindicatos de las Fuerzas de Seguridad Interior de Túnez, se manifestaron hoy en protesta por el asesinato de un agente y para reivindicar una ley que los proteja durante el cumplimiento de sus funciones.

La manifestación se desarrolló en la plaza de los Derechos Humanos del centro de la capital tunecina para repudiar la muerte de un policía en la región de Qairaouán, en el centro del país, el pasado miércoles por causa de su trabajo, según explicaron a Efe fuentes sindicales.

Los manifestantes pudieron hoy la protección de los agentes de la seguridad de Interior contra las "agresiones de la que son víctimas" en las numerosas manifestaciones de protesta social que se suceden en varias regiones del interior desde hace dos semanas, así como, por la "promulgación de una ley que los proteja durante el cumplimiento de misiones".

Así mismo, tras el asesinato del policía, todas los agentes decidieron llevar un brazalete negro durante tres días y realizar paros laborales de una hora diaria en las comisarias, según un comunicado del Sindicato de las Fuerzas del Orden Tunecinas publicado por la prensa local.

Además, el sindicato afirmó estar "indignado por la pasividad del ministro de Interior, Alí Laridi, que no reaccionó a la muerte del agente ni acudió a su entierro", según el texto.

Por su parte, el portavoz del ministerio de Interior tunecino consideró "ilegal" la convocatoria de manifestaciones por el país, argumentando que "nadie había presentado la demanda de permiso legal", de acuerdo a una nota difundida hoy por la agencia de prensa oficial TAP.

El secretario general de la Unión Nacional de Sindicatos de las Fuerzas de Seguridad Tunecina (UNSFST), Montaser El Matri, también denunció "irregularidades" en los juicios y condenas a agentes por la justicia militar a la que acusan de practicar procesos "políticos y populistas".

Hay abierto procesos judiciales para poder el establecer las responsabilidades en las matanzas que durante las represión de las las revueltas sociales del pasado año dejaron 338 muertos y más de 2500 heridos por disparos de bala.